Las violentas protestas de los agricultores en toda España, en especial en Castilla y León, Galicia, Extremadura y Andalucía, no tienen todavía el carácter de una revuelta permanente y organizada, pero denuncian con claridad la situación de crisis que está viviendo la agricultura española. El sector agrario pierde rentas y empleo de forma continuada sin que las políticas oficiales, sean las del Gobierno o las de la Unión Europea, hayan mostrado una preocupación mínima por entender las razones y aliviar la situación. La agricultura y la ganadería sobreviven en un sistema que recorta sistemáticamente los ingresos de las familias que se dedican a esas actividades y que al mismo tiempo eleva los costes de producción, en algunos casos de forma razonable, como en todos aquellos imputables a la mejora de las condiciones sanitarias. Y todo el andamiaje empresarial del campo se sustenta sobre un sistema de ayudas públicas, nacionales y europeas, que están al albur de las necesidades políticas.

No hay que atribuir esta crisis a la aplicación de aranceles proteccionistas al aceite y al vino españoles por parte de la Administración de Trump, aunque agraven la situación de partida. Ni señalar de forma oportunista a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Las causas de fondo están en un mercado desequilibrado que opera siempre en contra de la renta de los agricultores sin que favorezca en demasía los intereses de los consumidores. Las grandes cadenas de distribución ejercen un dominio de mercado que les permite comprar a la baja a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción agraria. Este sistema ha acabado por deprimir las rentas y contribuir, junto a políticas de ayudas públicas mal diseñadas, a la persistencia en el campo de un minifundio empresarial, obligado en ocasiones a mantenerse vendiendo a pérdidas.

La crisis de la agricultura en España solo tiene una respuesta: aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y equilibrar las condiciones de mercado. Este propósito tropieza con dificultades que tienen que abordarse con políticas complejas coordinadas entre el Gobierno y Bruselas. La intervención del Ejecutivo debe encauzarse en dos vías principales. La primera, acceder a la formación de una mesa interministerial para definir las causas de los precios a la baja. Los agricultores tienen que contar con un interlocutor que evalúe las causas de la depresión de sus rentas. La segunda es de largo aliento: las explotaciones agrarias españolas tienen que aumentar de tamaño para ganar en competitividad. El campo español se merece estudios de rentabilidad, favorecer la creación de más cooperativas, oportunidades de venta directa a los consumidores, planes para elevar el valor añadido de la producción y mejores condiciones de empleo para asentar la población.

Todo este esfuerzo debería ir acompañado de una reconsideración de la política agraria aplicada por Bruselas. La crisis agraria, que acaba de estallar en España, es parte del malestar de la agricultura europea, aunque por razones distintas. Los responsables de la Política Agraria Común (PAC) deberían pensar en retocarla a la vista de que ese malestar no cede y de que, como se ha demostrado, puede adoptar manifestaciones muy violentas y de difícil erradicación.

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Fuente: El Pais

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