Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado este miércoles que la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’ por sus detractores, no sancione la difusión de imágenes de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y que sólo se castigue el uso de imágenes o datos cuando genere un riesgo real para la seguridad personal o familia del agente.

Éste es uno de los principales consensos que se han alcanzado en la tercera reunión de la ponencia de la Cámara Baja que se encarga de estudiar la reforma de esta ley que el PP aprobó en solitario en 2015 y que fue recurrida en el Tribunal Constitucional por el PSOE y otros grupos de la oposición, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.






Congreso

Tercera reunión de la ponencia de la Cámara Baja

La ponencia dio el pasado 27 de noviembre el ‘pistoletazo de salida’ a la discusión de la proposición de ley del PNV para reformar la referida ley y de las más de 200 enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado. En la reunión de este miércoles, los grupos se han metido de lleno en el régimen sancionador, analizando singularmente las infracciones muy graves y graves.

Así, uno de los principales acuerdos ha sido el de permitir el uso de imágenes de los efectivos policiales en la vía pública, salvo que se ponga en peligro su seguridad, un asunto que suscita un rechazo frontal de los sindicatos representativos de la Policía Nacional SUP, CEP, UFP y SPP.


Sin infracción

Disfraces de Policía y Guardia Civil

En este sentido, los ponentes también han acordado que no sea una infracción grave el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales.

Asimismo, han resuelto facilitar la celebración de manifestaciones espontáneas o pacíficas permitiendo que los organizadores o promotores puedan pedir la correspondiente autorización a la Delegación del Gobierno con cuatro horas de antelación y por vía telemática.

Entre otros consensos, los grupos han pactado, además, que la responsabilidad de las infracciones durante una manifestación o concentración no recaiga en los promotores u organizadores de ese evento, sino en el sujeto o sujetos que incumplan la ley.





Además, han consensuado que la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la vía pública sea considerada una falta leve, y no grave como actualmente, y que no sea sancionable la plantación o cultivo ilícito en lugares visibles al público cuando no sean constitutivos de infracción penal.

Los grupos también han encargado a Unidos Podemos la redacción de una enmienda transaccional para ver cómo y en qué casos se puede introducir la figura del mediador para limitar las infracciones y sanciones y así impulsar lo que han denominado justicia “restaurativa” con la comunidad.


Se abordará en la próxima reunión

Las manifestaciones ante el Congreso, pendiente

En el aire ha quedado uno de los asuntos más polémicos de la ley, el que tiene que ver con las manifestaciones ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, y que la Ley de Seguridad Ciudadana incluye como infracción grave.

Según informaron fuentes parlamentarias, tanto el PP como Ciudadanos se han mostrado partidarios de no tocar este artículo pero Unidos podemos, ERC, PNV y Bildu son partidarios de suprimirlo. Ante esto, el PSOE ha sugerido dar una vuelta a este asunto y abordarlo en la próxima reunión, prevista para el 20 de febrero.





Se mantiene las multas al ejercicio de la prostitución en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, así como a los clientes, pese a que algunos grupos, como Unidos Podemos, consideran que éste es un asunto que no debe estar incluido en una ley como la de Seguridad Ciudadana.








Fuente: LA Vanguardia

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