La sección 22 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco de los acusados de la violación grupal de una menor de 14 años en Manresa, pero no por agresión sexual, como solicitaba la Fiscalía. Los cinco han sido condenados a penas de entre 10 y 12 años de prisión por un delito de abuso sexual a menor y un delito continuado de abuso sexual a menor. Los agresores violaron por turnos a la menor, que había tomado alcohol y drogas, en una fábrica abandonada en el camino Torres d’en Vinyes durante un botellón en 2016. En las sesiones del juicio, celebradas en julio, la víctima declaró que recordaba solo parte de lo ocurrido, pero que uno de los principales acusados, Bryan Andrés -el que empezó la cadena de violaciones por turnos de 15 minutos- la obligó a tener sexo mientras esgrimía una pistola. El caso recuerda al de La Manada de Pamplona, cuando las dos primeras instancias apreciaron abuso sexual y no agresión por la violación grupal de una joven en sanfermines, sentencias que fueron rectificadas por el Tribunal Supremo.

El tribunal considera que se trata inequívocamente de un delito de abuso sexual pues “ha quedado acreditado que la víctima, mientras que se producían los hechos, y desde el momento antes hasta horas después de lo sucedido, se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder determinarse y aceptar o oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación (…). Se está ante la hipótesis que considera abusos sexuales no consentidos, aunque en este caso el consentimiento sería irrelevante atendiendo a la edad de la víctima (…)». Dado esto, no se puede encajar en ninguna otra tipología delictiva.

Los magistrados expresan en su resolución la “sorpresa por el cambio de calificación jurídica del Ministerio Fiscal en sus conclusiones, porque la prueba practicada en el plenario apoyaba su calificación provisional de abusos sexuales, y en cambio no aportó elementos que justificaran mutar los abusos en agresión sexual, en los trámites de conclusiones”.

En relación a la edad de la víctima, de quien los acusados declararon que desconocían su minoría de edad, el tribunal puntualiza que “al tiempo de los hechos tenía 14 años de edad. En el juicio oral, celebrado casi tres años después de los hechos, el tribunal ha podido comprobar que el aspecto físico de aquella chica sigue teniendo una apariencia de adolescente incipiente», de manera que los procesados «no podían razonablemente confiar hace tres años en que la chica tenía entonces 16 años, y si no hicieron nada para cerciorarse de este dato fue porque les resultó indiferente”.

El tribunal ha impuesto para dos de los acusados una pena más elevada (12 años) que al resto al considerar que en sus casos concretos se dio una situación de continuidad donde, estando ellos dos con la víctima en la misma escena, le pidieron “prestación sexual”. También ha absuelto a otros dos jóvenes juzgados por estos hechos. En uno de los casos, no ha quedado acreditada su participación en el delito de abusos sexuales. En el otro, que según el relato de la fiscalía se masturbó mientras miraba cómo los demás violaban a la chica, ha considerado que no se ha probado el delito de omisión de impedir delitos del que estaba acusado. La sala absuelve a todos los acusados del delito de amenazas.

La sala fija en 12.000 euros la indemnización a la víctima al considerar que “el ataque a la indemnidad sexual de la víctima fue extremadamente intenso y especialmente denigrante, y además, ds produjo sobre una menor que se encontraba en situación de desamparo”.

La sentencia sobre el ataque de La Manada de Pamplona en julio de 2016 generó una amplia protesta en las calles y provocó que el Gobierno, entonces del Partido Popular, decidiera revisar el concepto de violencia que figura en el Código Penal para los casos de violación. El Gobierno del PSOE hizo suya la iniciativa del PP y, en julio de 2018, anunció una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos no dependan de la interpretación de los jueces. La comisión de codificación (cuya composición hubo que modificó porque era mayoritariamente masculina), a la que se encargó un dictamen sobre la cuestión, propuso la desaparición de la actual distinción entre abuso y violación y que se considere violación cualquier agresión sexual con penetración no consentida.




Fuente: El Pais

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