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Colau define el juicio del 1-O como “un fracaso de la política”


El juicio del procés
y el 1-O da comienzo este próximo martes y abre así la etapa clave en el marco judicial sobre el proceso soberanista catalán. Una fecha marcada en rojo para la que los principales agentes políticos toman posiciones. En este sentido, tanto Gobierno como Generalitat han activado una agenda internacional en la que también ha tomado parte la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que este sábado ha enviado una carta a los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; del Parlamento Europeo, Antonio Tajani; y del Consejo Europeo, Donald Tusk.

En la misiva, la alcaldesa de la capital catalana manifiesta su “preocupación” ante el juicio a los doce líderes independentistas acusados de rebelión, desobediencia o malversación en el Tribunal Supremo. Colau destaca que se trata de “una situación anómala dentro de Europa”, tanto por la condición política de los encausados como por los graves delitos de los que se les acusa, que implican penas de prisión que podrían llegar hasta los 74 años.






“La celebración de este juicio representa el fracaso de la política”

En este sentido, Colau –que se define como “no independentista” y sostiene que no comparte muchas de las decisiones del anterior Govern Puigdemont– lamenta que el juicio del procés “representa el fracaso de la política, entendida como espacio de diálogo y negociación”. “Delega la solución de un problema eminentemente político a instancias judiciales”, afea, antes de advertir que el juicio en el Supremo “difícilmente servirá para reconducir el problema del encaje de Catalunya dentro de España”.

“Estamos ante un conflicto político y el mejor modo de abordarlo es a través de la vía del diálogo recientemente iniciada”, insiste la alcaldesa de Barcelona en referencia a las mesas de diálogo abiertas entre Estado y Generalitat, y entre partidos catalanes. Colau aparca así el choque materializado este viernes, cuando Gobierno central y Executiu catalán han dado por rotas las negociaciones.

Nueve de los doce encausados se encuentran en prisión provisional. Desde marzo, en el caso de Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa; desde noviembre, en el de Oriol Junqueras y Joaquim Forn; y desde octubre en el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Una situación que censura Colau, que ve en la cárcel preventiva “una vulneración del derecho de las personas encausadas a preparar su defensa”.





Una defensa que tratará de contrarrestar las acusaciones de Fiscalía y Abogacía del Estado sobre delitos que Ada Colau ve “desproporcionados”. “En ningún caso se motivaron situaciones de violencia por parte de la población o el Govern catalán”, enfatiza la alcaldesa de la Ciudad Condal. Colau sostiene sus argumentos en “los diferentes tribunales europeos que así lo han reconocido”, después de que la Justicia alemana y la belga rechazaran la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, respectivamente.


“No estamos únicamente ante una cuestión interna del Estado español”

En la línea de la Declaración Institucional de apoyo a los dirigentes políticos y sociales independentistas catalanes aprobada por el ayuntamiento barcelonés hace unas semanas, Colau vuelve a exigir un “juicio justo e imparcial”, reclamando la libertad de los encausados para que puedan preparar sus defensas, facilitando así la tarea de los observadores internacionales.

Además, la alcaldesa anuncia la invitación a un grupo de miembros del Parlamento Europeo para hacer seguimiento del juicio, reivindicando de este modo el carácter internacional del conflicto catalán. “No estamos únicamente ante una cuestión interna del Estado español, sino que las consecuencias de este juicio son de interés para el conjunto de instituciones europeas”, sentencia Colau para recordar el valor de la Unión Europea.






La carta, íntegra

Como alcaldesa de Barcelona, ​​capital de Catalunya, les escribo para trasladar mi preocupación, y la de la institución que represento, ante el juicio, contra doce líderes políticos independentistas que se iniciará este 12 de febrero. Se trata de una situación anómala dentro de Europa, tanto por la condición política de las personas encausadas – diputados, consejeros del anterior gobierno catalán y líderes de la sociedad civil como por los graves delitos de los que se acusa -rebelión y sedición- que implican penas de prisión que pueden llegar hasta los 74 años. A estas circunstancias hay que sumar el hecho de que un partido de extrema derecha está haciendo un ejercicio que podría ser fraudulento de la acusación popular utilizando el juicio como altavoz para difundir su ideario de odio y obtener un rédito electoralista .

Como no independentista, pese a que no comparta muchas de las decisiones que llevó a cabo el anterior Govern, considero que la celebración de este juicio representa el fracaso de la política, entendida como espacio de diálogo y de negociación, y la delegación de la solución de un problema eminentemente político a instancias judiciales. En este sentido, la celebración de este juicio, y más si termina con sentencias condenatorias, difícilmente servirá para reconducir el problema de encaje de Catalunya dentro de España, reforzará la polarización y difícilmente servirá para construir una salida negociada. Por otra parte, tal y como diferentes organismos internacionales en defensa de los derechos humanos han denunciado, considero que la prisión provisional supone una vulneración del derecho de las personas encausadas a preparar una defensa efectiva, y que los delitos que se imputan son absolutamente desproporcionados , ya que en ningún caso se motivaron situaciones de violencia por parte de la población o el gobierno catalán, tal y como diferentes tribunales de países europeos han reconocido. No se nos escapa pues que estamos ante un conflicto político y que la mejor manera de abordarlo es a través de la vía del diálogo recientemente iniciada.





Asimismo, aprovecho la ocasión para trasladarles la Declaración Institucional aprobada por la mayoría de fuerzas políticas presentes en el consistorio barcelonés para exigir un juicio justo e imparcial donde se reconozcan plenas garantías procesales, exigiendo la libertad de los encausados ​​actualmente en prisión provisional a fin que puedan preparar sus defensas, y se facilite la labor desarrollada por los observadores internacionales.

Finalmente, les informo que el día 20 de febrero, he invitado a un grupo de miembros del Parlamento Europeo para hacer un seguimiento del juicio. No estamos sólo ante un asunto interno de España, sino que las consecuencias de este juicio son de interés para el conjunto de instituciones europeas, tanto por su estabilidad política -en un momento en que esta se encuentra amenazada por los nuevos populismos xenófobos- como en cuanto al pleno reconocimiento de los derechos humanos y las libertades democráticas que durante 62 años han sido el faro que ha permitido el construcción de la Unión Europea.

atentamente,

Ada Colau








Fuente: LA Vanguardia

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