Los 60 ancianos que residen en el geriátrico Arzobispo Morcillo en la localidad madrileña Soto del Real tendrán que regresar con sus familiares o ser trasladados a otros centros debido a las «deplorables» condiciones en las que se encuentra las instalaciones y por el «peligro» para la salud e integridad de los ancianos, según el dictamen de la Fiscalía y que ha recogido inmediatamente la Comunidad de Madrid. Las habitaciones de los internos estaban con “bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos”. El Ayuntamiento de Soto, gobernado por el socialista Juan Lobato Gandarias, no había recibido ninguna denuncia sobre este centro, inaugurado en 2000 y que llevaba desde 2010 sin depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado a la Comunidad la clausura de la residencia de la tercera edad Arzobispo Morcillo por el peligro existente para la integridad y salud de los internos. Los propietarios de la residencia, según la Fiscalía, pudieran haber incurrido en un delito contra la salud pública así como contra la integridad de las personas. La petición de cierre se produce después de que el pasado lunes la fiscal encargada del servicio de discapacidades de la Fiscalía de Alcobendas hiciera una visita rutinaria de inspección a la residencia donde comprobó el “deplorable” estado de los internos y de sus instalaciones.

La residencia es propiedad de J. Braulio Peñas Briones, quien se ha negado a responder ante tales acusaciones. El centro oferta 78 plazas y según su página web «cuenta con una unidad especializada en alzheimer, médico especializado en geriatría, psicólogo geriátrico y ATS. Trabajador social para los ancianos y ancianas, terapia ocupacional, así, como acompañamientos al exterior en la zona de Soto del Real junto a los mayores de la tercera edad». Requisitos que, según el informe de la Guardia Civil, no cumple en absoluto.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han indicado que se va a adoptar la correspondiente medida cautelar de cierre e incoar un expediente sancionador contra el titular de la residencia tras comprobar en la visita que este centro no estaba garantizando la adecuada atención médica. En el centro no existen plazas concertadas por la Comunidad de Madrid, si bien, el Gobierno regional va a garantizar la atención a los 60 residentes afectados, según una portavoz. Los familiares de los residentes están siendo informados de la situación y, en el caso de no poder asumir el cuidado de su familiar, se les habilitará plazas de emergencia en centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social o de la Dirección General de Dependencia.

La Guardia Civil ha elaborado un atestado donde queda documentado el resultado de la inspección realizada junto al correspondiente reportaje fotográfico y en el que “presumiblemente se les imputara a los responsables de la residencia la posible comisión de un delito contra la salud pública así como contra la integridad de las personas”.

Una inspección previa precintó varios espacios de la residencia

A preguntas de la fiscal uno de los responsables del centro dijo el pasado 8 de julio no tener acceso al historial clínico de los 60 internos que se encontraban en una sala y que contaba solo con dos auxiliares para atenderlos, “presentando alguno de ellos mal estado físico”. La ratio de trabajadores en Madrid en los centros geriátricos es de uno para cada dos ancianos. El resto de las instalaciones visitadas tampoco ofrecían un mejor aspecto. De hecho, en la habitación destinada a guardar los medicamentos se pudo comprobar que no funcionaba la nevera destinada a conservar las medicinas que necesitan temperaturas bajas por lo que, como en el caso de la insulina, la cadena de frío se había roto. Por parte de la Consejería de Bienestar ya se había realizado una visita de inspección el pasado mes de junio, lo mismo que hizo la Consejería de Sanidad el 1 de julio, a raíz de las cuales se precintó la consulta médica, la de fisioterapia y el gimnasio.

Tras levantar el correspondiente acta, los hechos se pusieron en conocimiento del Fiscal Decano para las Personas con Discapacidad quien indicó la necesidad de que por parte de la Guardia Civil se elaborase el correspondiente atestado todo ello en coordinación con el servicio CIRA (acrónimo con el que se conoce la Subdirección General encargada de la Inspección de residencias).

Desde la Fiscalía de Alcobendas se ofició a la Policía Judicial de Tres Cantos para que se desplazase “conjuntamente” con la fiscal hasta la residencia para proceder a una inspección en profundidad puesto que, además, las habitaciones de los internos estaban con “bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos”.

El personal del CIRA, por su parte, informó del riesgo de incendio ya que las mangueras no funcionaban e incluso el cuarto de calderas tenía una fuga de agua. A su vez, la Fiscalía ordenó a la Guardia Civil que requisase el disco duro donde supuestamente se almacenan las imágenes de las múltiples cámaras de seguridad, “así como la habitación destinada a concentrar la medicación destinada a ser suministrada a los enfermos con el fin de evitar manipulaciones”.

En relación con la inspección a la residencia de la tercera edad arzobispo Morcillo se movilizó a los servicios médicos del Centro de Salud de Tres Cantos para que realizasen una evaluación de los internos, dada la situación que presentaban alguno de ellos, con el fin de valorar según los casos su ingreso en algún centro médico o derivarlos a residencia con plazas de emergencia social o que fuesen acogidos por sus familiares.

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Fuente: El Pais

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