Durante años, las empresas extranjeras y sus gobiernos se han quejado, con mayor o menor vehemencia, del trato desigual que recibían a la hora de operar en China en comparación con las firmas locales. Pekín parece haber tomado nota. Ayer, en un gesto destinado a reducir esas tensiones –particularmente con Estados Unidos y la Unión Europea–, el país aprobó una nueva ley unificada que regula la inversión extranjera en su territorio.

El texto prohíbe las transferencias forzosas de tecnología de las compañías foráneas a las chinas, garantiza la igualdad de oportunidades en los procesos de licitación pública y promete defender mejor los derechos de propiedad intelectual, aunque todavía persisten dudas sobre su correcta implementación en el futuro.






La ley entrará en vigor el 1 de enero del 2020

“China tratará a todo el mundo por igual: empresas extranjeras y nacionales, privadas y públicas”, declaró el primer ministro, Li Keqiang, en la rueda de prensa con la que se cerraba la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (el legislativo chino). Minutos antes, los miembros de este órgano aprobaban el nuevo reglamento con 2.292 votos a favor, ocho en contra y ocho abstenciones, una mayoría habitual en un pleno cuyas votaciones son vistas como un mero trámite para refrendar leyes ya discutidas con anterioridad por las instancias superiores del Partido Comunista chino.

El premier chino aseguró que con la nueva ley en la mano, que entrará en vigor el 1 de enero del 2020, “más sectores se abrirán a la inversión extranjera, pero no de una vez, sino trimestre a trimestre y año a año”. Además, Li anunció que el Gobierno pronto hará entrega de una “lista negativa que será más corta”, en alusión a los sectores clave que están blindados al
capital foráneo (infraestructuras, telecomunicaciones…), aunque
sin entrar en detalles o plazos concretos.


El texto es demasiado vago y sujeto a una aplicación arbitraria, lamentan europeos y estadounidenses

Si bien el proyecto original de esta ley data de 2015, las autoridades comunistas aceleraron su tramitación a finales de 2018 y, tan sólo tres meses después de discutir su primer borrador, el texto ha sido aprobado. De acuerdo con los analistas, esta inusual premura responde al intento de Pekín de ganar puntos frente a la UE y EE.UU., que últimamente han mostrado con mayor firmeza su desacuerdo con lo que consideran prácticas desleales de Pekín y la falta de reciprocidad a la hora de acceder a sus mercados.





Si Europa ha endurecido recientemente su marco legal para la entrada de inversiones chinas en el espacio comunitario, Washington y Pekín están enzarzados desde 2018 en un conflicto comercial a cuenta de la imposición de aranceles mutuos. Desde hace tres meses, las dos mayores economías del planeta mantienen conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que las negociaciones deberían llegar a buen puerto en las próximas semanas. “Estamos obteniendo lo que tenemos que obtener”, aseguró en su particular tono. Si todo va bien, se espera que las dos partes sellen un acuerdo final en una reunión entre los líderes de ambos países.

La cámaras de comercio de la Unión Europea y de EE.UU. en China dieron la bienvenida a la nueva ley y agradecieron el esfuerzo hecho por mejorar el clima para la inversión foránea. Pero no todo es jauja, ya que ambas lamentaron que el reglamento haya sido aprobado sin ser sometido al habitual periodo de consultas y sin las aportaciones de las industrias interesadas. Además, consideran que el lenguaje empleado en el texto es demasiado vago, por lo que quedará sujeto a una aplicación discrecional y arbitraria. “Las disposiciones siguen siendo bastante generales y no abordan una serie de preocupaciones persistentes de las empresas extranjeras en China”, aseguró la cámara norteamericana en un comunicado. Entre ellas, la posibilidad de que se produzca un trato desigual entre las empresas nacionales y las extranjeras o la amplia interpretación del concepto de “seguridad nacional”.





Por eso, muchos tiene claro que esta nueva ley no es la panacea que soluciona años de problemas, y que habrá que esperar a ver si realmente funciona en un país en el que son las autoridades locales las que, al final del día, deciden quién se lleva el gato al agua en la región que administran. “Las empresas tendrán que salvar varios obstáculos para acceder a los mercados”, aseguró el abogado Kyle Freeman a la agencia AFP. “Hay preocupación de que la realidad en el terreno, con las leyes, regulaciones y aprobaciones administrativas locales puedan impedir el acceso total a los mercados”.








Fuente: LA Vanguardia

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