La mesa de negociación entre el Gobierno de Madrid y el Govern de la Generalitat, incluida en el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC y refrendada por la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra el 6 de febrero, todavía tiene perfiles poco definidos. Poco se sabe aún sobre algunos aspectos esenciales, como quiénes se sentarán a la mesa de cada lado, cuál será su representatividad real, cuál será su calendario, qué temas integrarán su agenda o si solo se ceñirá a los temas propuestos por Sánchez. El compromiso inicial es ajustarse a la legalidad vigente, eufemismo para evitar mentar la Constitución, así como someter el texto acordado a una consulta, otro eufemismo para evitar la palabra referéndum. Entre líneas, una parte renuncia a la unilateralidad y pospone la independencia al momento en que cuente con una mayoría social cualificada; la otra desiste de aplicar el artículo 155 y de judicializar indefinidamente la cuestión catalana. Se reconoce algo obvio: que tras casi 10 años de ascenso y movilización soberanista en Cataluña, el independentismo tiene un apoyo consolidado y que ha llegado para quedarse. Y que, por tanto, cualquier solución plausible tiene que ser política. Por su parte, el sector mayoritario del independentismo parece reconocer otra evidencia: que la unilateralidad no ha funcionado, en parte porque no se disponía de una mayoría social suficiente para ello, y porque, sin apoyos externos, conducía al bloqueo político y la frustración social.

Antes o después, habrá que debatir sobre el sujeto de soberanía, auténtico nudo gordiano de la cuestión

Reconducir un choque de legitimidades nacionales por cauces institucionales es un paso positivo; pero supone asumir retos y correr riesgos. No hay muchos modelos en los que mirarse. El caso del Reino Unido, comunidad política que se define como una unión de naciones y sin Constitución escrita, no es directamente equiparable al de España. Y el Acuerdo de Stormont (1998) entre católicos y protestantes del Ulster incluía un compromiso previo de pacificación, partiendo además de una autonomía suspendida, la de Irlanda del Norte, por Londres. Cabe, pues, definir vías propias.

Existen fórmulas de acomodación de la diversidad de identidades nacionales que pueden ser exploradas

Ambos bandos tienen que lidiar además con una acusada polarización política. Por un lado, con la actitud de una parte de la judicatura, y la presión mediática de la derecha conservadora y radical, impasibles en el ademán de confundir legalidad con legitimidad, y el gobierno por ley con el gobierno de la ley. Por otro lado, con la lógica de quienes persiguen el cuanto peor, mejor, y sueñan con un alzamiento popular (pacífico, se supone) contra una ocupación. A favor del diálogo, sin embargo, también operan otros factores. El cansancio de la opinión pública, catalana y española, ante un conflicto enquistado; la mayoría de la ciudadanía catalana (más de dos tercios, según las encuestas) sería favorable al derecho a decidir, aunque no toda ella optaría por la independencia; y la mayoría de la ciudadanía española (más de la mitad) en su conjunto sería favorable a soluciones negociadas, aunque sean una minoría los que aceptarían la posibilidad de una Cataluña independiente.

Ambas partes abrigan además expectativas muy divergentes. Cualesquiera que fuesen los interlocutores concretos en la mesa, el Gobierno de España no podrá aceptar la posibilidad de ejercitar el derecho de autodeterminación sin desencadenar una tormenta política. Como bien ha afirmado Aitor Esteban, la sociedad española no está madura para ello, legalidades aparte: es una cuestión de cultura política. El Gobierno de Sánchez ofrece en principio una ampliación del Estatuto de Autonomía, casi una vuelta al Nou Estatut de 2006, así como una implícita reordenación en clave asimétrica del Estado de las autonomías, y algunas cesiones simbólicas. La Generalitat tendrá difícil justificar ante parte de sus apoyos cualquier cosa que no pase por un referéndum de autodeterminación. Pero quedar fuera de la mesa tiene más costes que seguir sentado. Ambas partes intentarán además ganar tiempo. Bien esperando que la acción de gobierno genere mayores apoyos sociales, y que se cuartee (aún más) el bloque independentista en Cataluña, o bien mirando de reojo lo que ocurra en Escocia tras el Brexit y las actitudes de la UE ante un hipotético referéndum escocés.

Todos, sin duda, guardan ases en la manga. Por un lado, la situación de los políticos presos, la retirada de recursos judiciales o la tolerancia hacia las representaciones catalanas en el exterior. Por otro, la negociación de los presupuestos en las Cortes o la aprobación parlamentaria de medidas en materia socioeconómica con sesgo progresista. Todo ello puede facilitar un proceso de descompresión política y mediática, requisito imprescindible para abordar las cuestiones de fondo. Cuestiones que serán inevitables y para las que se necesitará audacia política, más allá del cortoplacismo estratégico usual de unos y otros.

De entrada, el reconocimiento mutuo. El Gobierno de España habrá de reconocer explícitamente que hay un conflicto de naturaleza política, que no es sino de legitimidades: en algunos territorios la identidad nacional española no goza de un consenso unánime ni hegemónico. La Generalitat, que no todos, ni siquiera la mayoría (mitad más uno) de los catalanes, según las encuestas, es favorable a la independencia. A continuación, que las identidades nacionales de unos y otros son igualmente legítimas: ni todos los nacionalistas españoles son neofranquistas, ni todos los catalanistas son etnicistas y románticos supremacistas. Igualmente, que el grado de crispación política que generan los choques de identidades nacionales en el ágora pública, las redes sociales y buena parte de los medios no se corresponde con la vida cotidiana, donde impera mayormente el pragmatismo y la comprensión mutua: un viaje en AVE entre Madrid y Barcelona basta para comprobarlo.

Finalmente, antes o después, habrá que debatir sobre el sujeto de soberanía, auténtico nudo gordiano de la cuestión, más allá de dimes y diretes acerca de la política lingüística, los gestos simbólicos, las banderas y las escuelas. Si solo el pueblo español en su conjunto decide, o si la ciudadanía de Cataluña (y tal vez mañana la de Euskadi, en un futuro lejano tal vez Galicia…) puede decir cuál es su futuro. En ese punto, más allá de las formulaciones concretas en clave político-institucional, quizá ambas partes hiciesen bien en recordar que la soberanía es poder supremo, ciertamente; pero que las trabas prácticas a su ejercicio son tantas como sagradas sus formulaciones. Que una consulta puede incluir múltiples opciones, y definir umbrales cualificados para definir mayorías amplias. Que las constituciones se pueden interpretar y modificar, ciertamente; y que cualquier acuerdo de convivencia en una comunidad política pasa por la lealtad a medio y largo plazo a esa comunidad, cuya naturaleza puede ser variada.

En tiempos de retorno del Estado nación en Europa, bueno sería que desde uno de sus márgenes se tornase a afirmar que existen fórmulas de acomodación de la diversidad de identidades nacionales, a través de políticas del reconocimiento y de descentralización, que pueden ser exploradas. Y que, en definitiva, la soberanía es un principio básico, pero que no tiene por qué ser un tótem que se erija en obstáculo del fin primordial de la política: hallar soluciones pragmáticas a situaciones concretas. Paso a paso, quizá hablando se entienda la gente.

Xosé M. Núñez Seixas es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Su libro Suspiros de España obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 2019.

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Fuente: El Pais

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