Las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo destinadas a la producción de cava en 2020 ascenderán solo a 0,1 hectáreas, según ha decidido el Consejo Regulador de esta denominación de origen y como también prevé la resolución del Ministerio de Agricultura publicada este fin de semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta disposición supone un golpe para los intereses de los viticultores y bodegueros de Almendralejo (Extremadura) y de Requena (Valencia), que reclaman insistentemente la posibilidad de incrementar las superficies de cultivo frente a la posición del Consejo Regulador. Este organismo está controlado por productores catalanes tras las elecciones de 2018, que apuestan por la congelación de superficies con la justificación de adecuar la oferta a la demanda.

La decisión coincide además con un plan estratégico del propio Consejo Regulador en el que, entre otras medidas, se contemplan políticas de apoyo a la calidad, segmentación de la oferta o la zonificación de las zonas de cultivo para que en la etiqueta del cava figure el punto de producción.

La pugna no es reciente. Durante los últimos años se han escenificado las diferencias entre los bodegueros del cava de Cataluña, que aglutina 30.000 de las 38.000 hectáreas de cultivo que cuentan con la denominación de origen, y los productores de Requena y Almendralejo, con unas 4.000 y 1.400 hectáreas, respectivamente, aunque en ambos casos en expansión.

La normativa en vigor hasta el pasado mes de septiembre preveía que, en los consejos reguladores con viñedos en varias comunidades autónomas, la decisión final sobre las nuevas plantaciones propuestas por ellos correspondía a la Administración Central. Con la nueva disposición, esas competencias pasan a manos de cada consejo regulador, lo que afecta a las denominaciones de origen Cava, Jumilla y Rioja.

Este cambio ha levantado protestas de los viticultores de cava ubicados fuera de Cataluña, por estimar que se trata de una concesión política del Gobierno a Cataluña. Las organizaciones agrarias de Extremadura y Valencia han argumentado que el Consejo Regulador del Cava está compuesto íntegramente por representantes catalanes, radicalmente contrarios a aumentar la superficie de cultivo del cava fuera de su comunidad. De hecho, y tras muchas negociaciones a tres bandas, el Ministerio de Agricultura decidió aumentar en 2018 las superficies en 272 hectáreas (el consejo proponía la congelación) y en 2019 dio luz verde a más de 300 hectáreas de replantaciones. Este año se ha limitado a copiar la propuesta presentada por el Consejo Regulador.

Nuevas plantaciones

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura ha fijado en 4.750 hectáreas el máximo de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo en otras denominaciones de origen en España, de acuerdo con las recomendaciones de la interprofesional del sector.

La normativa comunitaria pretende un mayor ajuste del potencial productivo a las necesidades de la demanda desde 2016. Bajo esta filosofía, la normativa en vigor permite a cada país conceder autorizaciones anuales de hasta un máximo del 1% de la superficie plantada al 31 de julio del año anterior. No permite la congelación total de los permisos. En España, la superficie plantada a esa fecha ascendía a 950.079 hectáreas y la decisión oficial ha sido dar autorizaciones que suponen el 0,5% de la superficie plantada.

De cara a esos nuevos permisos para 2020, Rioja acordó aumentar la superficie en 0,1 hectáreas; Rueda en 1 hectárea, Cariñena en 71, Ribera del Duero en 950 hectáreas, Chacolí alavés en 0,99 hectáreas, Chacolí de Vizcaya en dos hectáreas y Chacolí Guetaria en cuatro hectáreas. Desde la implantación de esta normativa en España, en 2016, se han dado autorizaciones para nuevas plantaciones de 18.860 hectáreas y de 35.000 hectáreas para replantaciones.

En la última década, la superficie de viñedo en el país ha pasado de superar el millón de hectáreas a situarse en 950.000. Esto no ha sido obstáculo para que las producciones, por mejoras de estructuras, riegos y nuevas variedades, hayan aumentado de promedios de entre 35 y 37 millones de hectolitros a medias de 40 millones, con picos de hasta 50.

Pero la demanda no ha seguido el mismo camino. Situada en unos 10 millones de hectolitros, el sector se ha visto obligado a exportar unos 22 millones de hectolitros de media, convirtiendo a España en el primer exportador mundial en volumen con los precios bajos como bandera. En 2019, estos se han situado en una media de 1,22 euros por litro y de 0,40 euros en el caso de los graneles.




Fuente: El Pais

A %d blogueros les gusta esto: