La construcción de los túneles de la plaza de les Glòries fue un caramelo para las constructoras. Las obras en ese espacio, llamado a ser el nuevo eje vertebrador del centro de Barcelona, aún ponen a prueba la paciencia de vecinos y comerciantes. Pero hace cinco años, el anuncio de la licitación por 65 millones de euros despertó el entusiasmo de tres directivos de grandes empresas que, en cuestión de tres meses, desplegaron todo tipo de recursos y contactos para hacerse con el contrato. El de los túneles viarios de Glòries es uno de los concursos de mayor envergadura entre los investigados en el caso 3%, de corrupción política. El relato de esos tres meses frenéticos —reuniones con altos cargos, mensajes con dirigentes de Convergència, donaciones a fundaciones de partidos— refleja cómo ha funcionado parte de la adjudicación de obra pública en Cataluña a lo largo de los años.

El 25 de noviembre de 2014, Bimsa —la mayor adjudicataria pública del Ayuntamiento de Barcelona, entonces en manos de Convergècia i Unió— publica en el Boletín Oficial de la Unión Europea la licitación para construir los túneles de Glòries. Los tres directivos de la UTE que finalmente ganó el concurso se ponen en marcha ese mismo día y en los inmediatamente posteriores.

Xavier Tauler (consejero delegado de Copisa hasta 2015) anota en su libreta que hay que “vender la UTE al más alto nivel”, cita al “president” y da su visto bueno a una reunión “con Córcega”, en clara alusión a la antigua sede de los nacionalistas en Barcelona, en el 333 de la calle de Còrsega.

Josep Miarnau (Comsa) tiene prevista una cita con Francesc Sánchez, entonces cargo de CDC y otro de los investigados en el caso 3%.

Juan Luis Romero Gamero (Rogasa) indica, por correo, que se reúne el mismo día con dos personajes en principio inconexos. Uno es Antoni Vives, a la sazón teniente de alcalde de Urbanismo, mano derecha del alcalde Xavier Trias y máximo responsable de Bimsa. El otro es Andreu Viloca, tesorero de Convergència.

Nuevos informes

Los detalles de esas gestiones constan en nuevos informes del sumario del caso 3% a los que ha accedido EL PAÍS y que permiten reconstruir las jornadas clave del presunto amaño. Para la Guardia Civil, el 3 de diciembre es “de suma relevancia para la investigación”: dos de los directivos (Tauler y Miarnau, pero no Romero) se citan en la sede de CDC con Sánchez y Vives. Los agentes consideran que el teniente de alcalde fue “responsable de intervenir en el direccionamiento irregular de la adjudicación”. La reunión previa entre Vives y Romero parece que “fructifica”: el teniente de alcalde comunica a los dos directivos que convendría incluir también a Rogasa en la UTE, inicialmente limitada a dos.

Los consejeros delegados de Copisa y Comsa comentan la jugada después en una cadena de mensajes y dicen que la entrada de Rogasa ha sido “una imposición de Córcega”. Las citas se suceden antes de acabar el año: el tesorero pide ver a Tauler por un asunto “urgente”. Después de la reunión, el directivo ingresa 40.000 euros en una cuenta de la Fundación CatDem, vinculada a la extinta Convergència. Será el primero de tres pagos por un total de 115.000 euros. Esa la vía que, según la investigación en marcha de la Audiencia Nacional, empleaban los empresarios para pagar mordidas a CDC a cambio de adjudicaciones.

Comienza 2015 y Tauler y Miarnau, los más activos, se dividen el trabajo. El primero trata habitualmente con el tesorero; el segundo, con el teniente de alcalde, con el que según consta en su agenda ha mantenido más de una docena de reuniones entre 2012 y 2015, durante su mandato. El 14 de enero, Tauler hace la segunda entrega y, seis días después, presume ante los suyos de que ya tiene “dos lotes adjudicados”. El problema es que aún “faltaban tres semanas para la apertura de la oferta económica”, o sea, para saber quién iba mejor posicionado. No era la primera vez. Según los investigadores, el directivo “habría obtenido información privilegiada” sobre Glòries del entonces senador Josep Sánchez Llibre.

Las sospechas se extienden al puerto de Tarragona

Los nuevos informes policiales del caso 3% incluyen también sospechas sobre adjudicaciones en el puerto de Tarragona. La Guardia Civil ha dado con ellas al analizar los correos electrónicos de José María Zaragoza, directivo de Oproler, una de las empresas investigadas. En 2012, Zaragoza informa a sus jefes en la empresa que tiene programada una comida con Joan Borràs, entonces director de planificación de esa infraestructura. Y también con Jordi Miquel Sendra, senador por Tarragona de Convergència i Unió, con el que come en Madrid. En uno de los correos informa de que su contacto es clave para acceder a las adjudicaciones. Zaragoza informa a sus jefes, también investigados, de que para acceder a concursos en Cataluña es importante tener el “sello de catalanidad”.

El 6 de febrero, se publica el acta de apertura de las ofertas y la de la UTE bajo sospecha es la mejor. La adjudicación se formaliza el 26 de febrero. Viloca, el tesorero, envía por WhatsApp un mensaje a Tauler en el que le recuerda sus donaciones con sus fechas e importes.




Fuente: El Pais

A %d blogueros les gusta esto: