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Así quiere supervisar el Gobierno los servicios que realicen Cabify y Uber | Innovación


Los taxistas han vuelto esta semana a tomar las calles de las principales ciudades del país. Su objetivo: limitar en la medida de lo posible la amenaza que supone para su negocio el amplio desarrollo que están teniendo los servicios de transporte de coches con chófer, englobados bajo el término vehículos turismo con conductor (VTC). Las principales reivindicaciones de este colectivo son dos. Primero, que se respete la proporción de una licencia VTC por cada 30 de taxi, establecida en el Real Decreto 1057/2015 (que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, LOTT, de 2013). Y segundo, que estos vehículos no puedan recoger a clientes por la calle, como sí hacen los taxistas.

Fomento tiene listo un proyecto de Real Decreto que establece medidas complementarias a la ROTT. El texto está a la espera de recibir el visto bueno del Consejo de Estado, tras lo cual aterrizará en el Consejo de Ministros. La intención es que se publique en el BOE en diciembre. El documento atiende las peticiones del sector del taxi. Por una parte, prohíbe el arrendamiento o venta de las licencias VTC “hasta que hayan transcurrido dos años desde su expedición original”, salvo en los casos de transmisión a herederos “en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de su titular”. El mercado secundario de licencias ha existido siempre en el sector del taxi y empieza a coger volumen en el de las VTC. Con esta medida se quiere frenar ese comercio.

Un grupo de taxistas, durante la manifestación de este miércoles en Madrid.

El proyecto de Real Decreto persigue también controlar que compañías como Uber o Cabify no recojan a clientes que no les hayan contratado previamente. “Los titulares de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor deberán comunicar a la Administración, por vía electrónica, los datos reseñados en la hoja de ruta o el contrato (…) antes del inicio de cada servicio que realicen al amparo de dichas autorizaciones”, lee el documento. La citada hoja de ruta comprende nombre y DNI de conductor y pasajero, así como el lugar de inicio y de destino de cada trayecto. La Dirección General de Transporte Terrestre habilitará para ello “un registro de comunicaciones de los servicios” al que “los titulares de las autorizaciones deberán dirigir sus comunicaciones”.

Es decir, que desde el momento en que el usuario pida a Uber o Cabify un coche, dichas plataformas deberán comunicar el recorrido contratado antes de recoger al cliente. Ambas compañías han preferido no hacer comentarios sobre este proyecto de Real Decreto, si bien es fácil inferir que complicará notablemente su trabajo: supone un proceso adicional que, además, probablemente ralentice el tiempo de respuesta de los coches.

El conflicto sigue en el mismo punto que antes de la huelga de finales de mayo. De hecho, la situación ha empeorado para estos últimos. El ratio entre taxis y licencias VTC va disminuyendo: de acuerdo con los últimos datos que ha dado Fomento esta misma semana, ahora mismo hay 64.587 permisos para taxis y 6.455 para VTC. Es decir, hay aproximadamente una VTC por cada 10 taxis. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, además, dio luz verde a la aprobación de 80 nuevas licencias VTC y, sobre todo, abrió la puerta a lo que era un secreto a gritos: la futura concesión de otras 10.000 que se habían quedado en un limbo jurídico (fueron solicitadas entre 2009 y 2012, antes de que se estableciera la famosa proporción 1/30).

La CNMC, de hecho, recurrió ante el Surpremo el decreto que limita el crecimiento de las VTC, al considerar que “impone al alquiler de vehículos con conductor requisitos innecesarios y desproporcionados, que encubren razones de naturaleza económica, en beneficio” del sector del taxi.

No deja de llamar la atención que el regulador cuestione las decisiones del Gobierno, consideradas un remiendo apresurado para una nueva realidad. Porque las licencias VTC no son nuevas: las limusinas y los servicios de transporte de hoteles, entre otros, llevan años usándolas, sin que eso supusiera un problema para los taxistas. Aplicaciones como Uber o Cabify, que se sirven de esa misma licencia, han logrado en pocos años atraer a decenas de miles de usuarios ofreciendo servicios de calidad a un precio más barato que el del taxi. Eso pilló por sorpresa a Moncloa, cuya reacción fue el mencionado Real Decreto 1057/2015 (ROTT), que desarrolla la LOTT (2013), aprobada a su vez para tapar las carencias de la Ley Omnibus aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las medidas que ultima el Gobierno suponen un parche más a la situación. Si el sistema funciona, servirá para controlar que compañías como Uber o Cabify no recojan a clientes que levanten la mano, algo que por cierto ambas compañías niegan que suceda. Pero no evitará que la proporción entre licencias de taxi y VTC siga estrechándose con las nuevas VTC que vayan concediéndose por vía judicial. No en vano, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, aseguró este miércoles a la prensa que el Gobierno no puede interferir en las sentencias judiciales. Por eso el Ejecutivo ha optado por tomar medidas que limiten la especulación.

Y ese es el problema de fondo: el sector del taxi seguirá viéndose amenazado por la creciente competencia en forma de aplicaciones de transporte privado. Por eso cabe esperar que las huelgas y manifestaciones sigan produciéndose. Y que la CNMC, que ya recurrió el establecimiento de la proporción 1/30, salte también ante este agravio comparativo (los taxis no tienen que informar de a quién recogen ni dónde).




Fuente: El país

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