Andrés Betancor, vocal de la Junta Electoral Central entre 2017 y 2019, percibió un sueldo mensual como asesor de Ciudadanos en el Congreso mientras participaba en debates y resoluciones que afectaban al partido en el órgano encargado de velar por la neutralidad de los comicios, según ha informado este jueves eldiario.es. Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, entró como miembro de la máxima autoridad electoral en octubre de 2017 a propuesta del partido dirigido entonces por Albert Rivera. En la comparecencia ante la comisión de nombramientos del Congreso para acceder a este organismo, ni el académico ni el partido hicieron mención alguna de sus vínculos laborales. Además de un salario cuya cuantía no ha trascendido, Betancor tenía un despacho en las oficinas que la Cámara destina a los partidos políticos, según la misma información.

Betancor, que sí comunicó su relación laboral con Ciudadanos a la Universidad Pompeu Fabra para obtener el pase a un contrato a tiempo parcial, participó en resoluciones de gran trascendencia y mucha tensión, como la exclusión del expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado a Bélgica, de la candidatura a las elecciones europeas, junto con los dirigentes políticos catalanes Oriol Junqueras y Toni Comín. Esta decisión fue revocada por el Tribunal Constitucional.

El catedrático asesor de Ciudadanos emitió un voto particular frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que censuró la entrevista que Inés Arrimadas ofreció al diario Abc durante la jornada de reflexión de las últimas elecciones catalanas. Betancor intentó convencer, sin éxito, a sus compañeros de que la concesión de una entrevista durante la jornada de reflexión no merecía sanción alguna, una posición por la que ahora parece inclinarse la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Fuentes de Ciudadanos afirman que “no hay nada ilegal” en compatibilizar el cargo de asesor del partido con el de vocal de la Junta Electoral. Betancor ejerce actualmente como secretario de la gestora que pilota el partido hasta el próximo congreso tras la dimisión de Albert Rivera como consecuencia del batacazo electoral del 10 de noviembre, cuando Ciudadanos cayó de 57 a 10 escaños. Sobre si compatibilizó el puesto en la Junta Electoral con un salario del partido, un portavoz ha evitado confirmarlo: “No tenemos nada más que añadir”, informa Elsa García de Blas. Fuentes del partido señalan que, de momento, nadie le ha pedido a Betancor que renuncie al puesto de secretario de la gestora de Ciudadanos.

La Junta Electoral Central, un órgano a caballo entre lo judicial y lo administrativo encargado de velar por la neutralidad y transparencia de los comicios, está formada por ocho magistrados de distintas salas del Tribunal Supremo elegidos por sorteo y cinco catedráticos designados por los partidos con representación en el Congreso, como es el caso de Betancor.

La noticia de la presencia de Betancor en este organismo al tiempo que ejercía como asesor de Ciudadanos ha sido utilizada este jueves por el independentismo catalán para denunciar la supuesta falta de neutralidad del órgano electoral. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien la Junta Electoral Central denunció ante la Fiscalía por no quitar la pancarta con los lazos amarillos del balcón del Palau de la Generalitat en las pasadas elecciones municipales, lo que acabó en su condena por desobediencia y la pérdida del acta de diputado autonómico, anunció hoy que se querellará por “cohecho, prevaricación y/o delito electoral” contra Betancor y contra “los que sean responsables de este escándalo” que, según él, “pone en duda todas las decisiones tomadas por la Junta Electoral Central en los últimos dos años”.

En mayo pasado, la coalición Lliures per Europa, liderada por Puigdemont, presentó una querella contra Betancor y el también vocal de la Junta Electoral Carlos Vidal, que votaron a favor de excluir al expresidente catalán y a dos de sus exconsejeros de la lista para las elecciones europeas al considerar que, por encontrarse fugados de la justicia española, no estaban inscritos correctamente en el censo. Esa querella fue rechazada por la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel al no apreciar indicios de delito en aquella decisión.




Fuente: El Pais

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