No es una amnistía, pero casi. En Andalucía hay unas 327.000 viviendas construidas sin cobertura legal. Un día alguien decidió levantar su casa donde no podía ni debía, sin infraestructuras de saneamiento, abastecimiento de agua y electricidad. Pasó el tiempo sin que las Administraciones actuaran y ahora se encuentran en un limbo, esperando una especie de redención. Ha llegado en forma de decreto ley aprobado este martes por el Gobierno andaluz. A estas viviendas las llaman en el lenguaje administrativo AFO (asimilado fuera de ordenación).

El Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares pretende poner fin a la alegalidad en la se encuentran las 327.583 viviendas construidas por toda Andalucía en suelo no consolidado (es decir, que carece de planificación) y al margen de la legalidad urbanística.

Los propietarios de estas casas tendrán que dar el primer paso y pedir a los Ayuntamientos acogerse a esta regulación. De las más de 327.000 viviendas contabilizadas, las situadas en zonas protegidas, en los primeros 100 metros de costa o sobre las que pesen sentencias firmes, quedan fuera del decreto. Para las que están en zonas inundables hay excepciones si los dueños acometen las costosas obras para evitar el riesgo de inundaciones.

La normativa permite la regularización de los asentamientos o agrupaciones de viviendas, lo que vendría a ser una urbanización. Hasta ahora, estas tenían que esperar a la aprobación de planes generales de ordenación urbana (PGOU) y, después, a los planes especiales para poder acceder a los servicios básicos. Según la Junta, el tiempo medio de aprobación de un PGOU era de nueve años y el del plan especial de desarrollo de unos 20 meses. Ahora, la Junta, que tiene la última palabra en urbanismo, autoriza a poner en marcha el plan especial, sin tener que elaborar un PGOU. Según señaló la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, tras la reunión del Consejo de Gobierno, “el problema se puede resolver entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos”.

Los consistorios también tendrán que dotar de equipamientos públicos o zonas verdes a las urbanizaciones irregulares e incluirlos en sus planes generales de urbanismo.

Casas en la costa

Según los datos aportados por el Gobierno andaluz, en la comunidad autónoma hay un total de 327.583 edificaciones no autorizadas. No es una cifra cerrada, sino una estimación, que no ofrece pistas sobre la antigüedad media de estas construcciones. Fomento aún no dispone del dato de cuántas de esas casas quedarían fuera de regulación y no podrían acogerse a la figura de AFO. La mayoría de estas casas están en provincias costeras. Málaga (68.652), Almería (55.265) y Granada (52.927) ocupan los primeros puestos de la lista.

Carazo aseguró que los anteriores Gobiernos socialistas dejaron “demasiados cabos sueltos” en la normativa y que solo lograron regularizar su situación alrededor de 1.500 edificaciones. La Junta lleva 16 años intentado poner coto a este problema. “El decreto no es sinónimo de amnistía, ni mucho menos. Esto viene a equilibrar el territorio andaluz y a dar una respuesta a los propietarios”, argumentó la consejera.

El decreto ley supondrá la derogación de dos leyes, un decreto y una orden aprobados durante los mandatos socialistas los cuales, que a su vez son reformas de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 6/2016 de 1 de agosto, ley 2/2018 del 1 de agosto, decreto 2/2012 de 10 de enero y orden de marzo de 2013). El propio decreto ley aprobado este martes también se invalidará una vez se apruebe la nueva ley del suelo de Andalucía, dentro de año y medio aproximadamente.




Fuente: El Pais

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