Al entregar al jurado popular los 22 folios del objeto de veredicto este miércoles, la magistrada Alejandra Dodero recordó a sus miembros dos ideas fundamentales del sistema jurídico español. «Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario», proclamó con toda solemnidad, y a continuación: «In dubio, pro reo, es decir, que en caso de duda, deben favorecer siempre a la acusada”, una advertencia que quiso que tengan en cuenta los nueve ciudadanos elegidos para decidir sobre delitos tan sensibles como aquellos por los que se juzga a Ana Julia Quezada. Se convoca un jurado popular solo en tribunales penales cuando se juzgan homicidios, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, cohecho o malversación de caudales públicos.

El jurado ha de contestar a las 142 preguntas que les ha realizado la juez y votar en voz alta, acto al que están obligados bajo multa de 450 euros. Para cada uno de los “hechos desfavorables”, es decir, los que inculpan a la acusada, se necesitan siete votos de los nueve. Para los “favorables”, los que señalan su inocencia, cinco. Y todas las respuestas deben estar motivadas. “No tengan reparo en extenderse”, les recomendó. Una vez concluido su trabajo, entregarán a la magistrada el acta firmada por todos ellos. Si no se ha contestado con fundamento algunas de las preguntas, la juez les devolverá el documento.

La enorme responsabilidad que han asumido las siete mujeres y dos hombres consiste en decidir sobre la culpabilidad de Quezada respecto de los cinco delitos de los que se le acusa. Todos viven en la provincia de Almería, no tienen relación alguna con la familia del pequeño ni con la acusada, como marca la ley del jurado. No disponen de móviles ni pueden comunicarse con sus familias y allegados. Comen en la Audiencia y, cuando al final de la tarde salen del edificio, caminan hacia su hotel escoltados por cuatro policías.

Dentro del escueto espacio en penumbra en el que permanecen encerrados en torno a una mesa rectangular trazarán la suerte de la mujer que les ha acompañado cada uno de estos últimos días. La han visto llegar esposada, sollozar, llorar o permanecer con las manos enlazadas y la mirada baja. Se han sentado frente a su imagen con gafas y una sudadera roja en el lugar del crimen y con el pelo alisado, empequeñecida y ajena a su propia identidad en la reconstrucción de los hechos. Han escuchado a decenas de testigos y peritos hablar sobre lo que ella hizo y lo que tenía en el bolso, han seguido sus movimientos y oído sus conversaciones. Les han enseñado la pala y el hacha que encontraron en la finca de Rodalquilar, una meca hippie en el Cabo de Gata de donde el niño no salió con vida.

Firmar el futuro de esta mujer consiste en decidir con todas esas pruebas, informes y testimonios si el pequeño Gabriel murió porque Quezada intentó acallarlo, como ha gritado durante el juicio, o si lo mató con suma crueldad, prolongando su agonía. Si causó a los padres del niño un sufrimiento extraordinario al esconder su crimen y animarlos con la promesa de que encontrarían a su hijo sano y salvo, si acaso perdido en algún paraje próximo. La diferencia está en pasar tres años en la cárcel o seguir encerrada toda la vida.




Fuente: El Pais

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