Cuando las grúas terminen de levantar las 15.000 viviendas públicas en régimen de alquiler que la Comunidad quiere construir, los vecinos y trabajadores vinculados a los 43 municipios en los que se instalen tendrán prioridad para ocuparlas. Así se explicita en el proyecto del decreto que regulará la asignación de los pisos del Plan Vive, que dará preferencia a quienes lleven una década en cada una de las localidades participantes. Un requisito que ayer soliviantó a los partidos de la oposición —que lo consideraron «discriminatorio» para personas de otras ciudades, regiones y países— y que la Comunidad defendió con contundencia. Si los locales no son suficientes para cubrir las casas que se levanten en sus municipios, el resto de empadronados en la región podrán optar a ellas… siempre y cuando lleven diez años en la Comunidad. 

«Se busca un arraigo consolidado, por eso el plazo de diez años, aunque todavía estamos en la fase de alegaciones», explica José María García, el director general de Vivienda y Rehabilitación, que asegura que ese requisito y ese plazo también se emplean para acceder a las viviendas sociales de la Comunidad. «El suelo se nos dio en los nuevos planeamientos municipales, y lo que pretendemos es que revierta a favor de los municipios, y que sus vecinos puedan optar a esas viviendas», añade. «Como probablemente no se vayan a cubrir todas las viviendas solo con ellos, se establece una cláusula para que, en ese caso, se permita el acceso a todos los empadronados en la Comunidad», sigue. Y remata: «Este enfoque de acceso a la vivienda es intermedio. No es ni mercado libre ni vulnerabilidad social. Se busca aliviar la tensión del mercado del alquiler centrándonos en una capa de la población que tiene dificultades para competir en el mercado libre».

El planteamiento de la consejería dirigida por David Pérez afecta a ciudadanos de toda la región. Desde los residentes en grandes ciudades como Móstoles (1.352 viviendas), Getafe (1.029), Alcalá (736), Alcorcón (900) o Madrid (728), a los que viven en pequeñas localidades como Velilla de San Antonio (271), Fresno de Torote (180) o Quijorna (100). Los que lleven viviendo o trabajando diez años en esos municipios tendrán prioridad, aunque deberán cumplir con otros requisitos: no ser propietarios o usufructuarios de otra vivienda, o ingresar entre 15.000 y 35.000 euros al año, por ejemplo.

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«No es normal que estar empadronado en el municipio donde se ubique la promoción de viviendas desde hace 10 años, sea un requisito», lamenta Carolina Alonso, diputada de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. «Tiene un claro sesgo discriminatorio hacia las personas que vienen de otras Comunidades Autónomas o ciudades de la región y desde luego para las personas que vienen de otros países», prosigue. «Deja entrever una visión endogámica y poco realista de la región, una región que se ha caracterizado por ser abierta e inclusiva».

«Que tengas que estar diez años empadronado muy normal no es», coincide la socialista Cristina González. «Son viviendas destinadas para jóvenes, y si los jóvenes se quieren ir a otro lado, ¿qué sentido tiene?», se pregunta. «No mucho», se contesta.

«El obligarte a estar empadronado en un municipio y no tomar en cuenta el ámbito regional va en contra de la tan cacareada movilidad laboral», ironiza Jorge Moruno, representante de Más Madrid, sobre un requisito con el que la Comunidad pretende fijar población en municipios distintos al de la capital. «El criterio de los diez años es para excluir a gente que haya venido a Madrid de fuera, muchos no podrán acceder», sigue. «Además, así el ratio de demandantes será más bajo, y con ello también las cifras a las que se enfrentará la Comunidad».

1.300 millones de inversión

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se opone a limitar el espectacular alza de los alquileres que se está dando en las principales ciudades de la región, por considerarlo una intrusión en el mercado libre. Sin embargo, sí marcará un tope en la renta de las viviendas de alquiler públicas que planea construir. Esta será un 40% inferior a lo que cobren los arrendadores privados, aunque aún no está claro el índice de referencia. Una fórmula con la que el Ejecutivo espera facilitar la emancipación de jóvenes entre 25 y 35 años y la seguridad de los jubilados mayores de 65 años.

Es difícil que el total de las 15.000 viviendas proyectadas estén terminadas para cuando termine la legislatura (2023). El proyecto es de envergadura, porque incluye una segunda fase con otras 10.000 viviendas para la siguiente (que dependerá del Gobierno que nazca de las próximas elecciones). Construir todos esos pisos supondrá para los inversores privados interesados entre 900 y 1.300 millones de euros, según el Gobierno. Eso generará 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, según el Ejecutivo, que mantendrá la titularidad pública del suelo y calcula que se embolsará casi 50 millones en impuestos. Luego llegará la hora de utilizarlos. Y en ese momento, los locales de cada municipio irán primero.

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Fuente: El Pais

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