Ahora viene el cerrajero, le dice el abogado al vigilante. “Luego llamaremos al inquilino y le diremos que venga a llevarse sus camas si quiere ¡tú estate bien atento!”. Tranquilo, responde el vigilante, acompañado de un hombre muy grande, también vestido de oscuro. “Ahora vendrá otro. Nosotros nos quedamos en la calle. Está todo controlado”.

Unos cuantos pisos más arriba, en el ático del número 12 de la calle Dagueria, en el barrio Gòtic de Barcelona, una pareja explica nerviosa que no hace mucho se mudaron a Madrid, que a finales de febrero pusieron este apartamento en alquiler, que estaban muy contentos porque la inquilina pagó el mes entrante, otro de adelanto y además un tercero de fianza.





“Pero al poco tiempo nos llamaron los vecinos para decirnos que no cesaban de venir guiris borrachos –detallan Magnus Jern y Ana Rodríguez–, que estaban todo el rato subiendo y bajando por las escaleras, que habían convertido nuestro piso en un apartamento turístico ilegal. Tratamos de hablar con nuestra inquilina, pero no lo conseguimos. De modo que decidimos recuperar el piso por nuestros propios medios. Nosotros somos los propietarios, y en estos casos las multas se las ponen a los propietarios. El Ayuntamiento nos ordena a nosotros que pongamos fin a este negocio”.






Entretanto el cerrajero explica que esta cerradura no se puede taladrar ni romper ni abrir con gancho, que vale 50 euros más que la otra, 231 euros más IVA. “Bueno, vale, ponga esa”, le dicen resignados al cerrajero. “Es que alquilar nuestro propio piso ya nos costó más de 300 euros, y a eso hay que sumar los billetes de avión hasta aquí, y otro apartamento por si las moscas…”.

Rodríguez toma aire, pulsa el botón de rellamada, echa un vistazo a sus notas…

“Hola, buenos días. Somos la pareja que entramos anoche en el piso de Dagueria. Sí… Les llamamos para comunicarles que somos los propietarios del piso y que sabemos que ustedes lo están alquilando de manera ilegal. De modo que damos por extinguido el contrato de arrendamiento. Acabamos de cambiar la cerradura. Si quieren pueden venir a llevarse las literas que pusieron. Si no nosotros nos libraremos de ellas”. Al otro lado un hombre responde con un par de balbuceos.





“Sí, bueno –agrega dubitativo–… tengo que hablar con la persona encargada”.

Fuentes de Airbnb informan de que la plataforma ya retiró el anuncio de esta vivienda. “Pedimos a todos los anfitriones que certifiquen que tienen permiso para anunciar su espacio y les recordamos que comprueben y sigan la normativa local antes de anunciar su espacio. Esto está claro en nuestras condiciones de servicio y en nuestra página de anfitriones responsables. Más de medio millón de huéspedes se han alojado con Airbnb. Los incidentes ocurren de manera aislada y actuamos cuando se nos notifican”.


Anuncio retirado

Fuentes de Airbnb señalan que la oferta de este apartamento ya ha sido retirada de la plataforma

“Yo creo que están muy organizados –retoma Rodríguez tras colgar–, que se dedican a esto… Porque a la hora de hacer el check in me dieron varios teléfonos, y el chico que finalmente vino no conocía la vivienda, se confundió de piso… Y al parecer la supuesta anfitriona gestiona varios pisos”. En la calle los vigilantes confirman que todo continúa en calma.

El abogado Simone Guaglianone, del despacho INT LAW, responde que sí, que todo lo que están haciendo sus clientes entraña riesgos legales, que muchas veces la realidad va unos cuantos pasos por delante de la ley.





“La otra parte podría intentar alegar que esto es allanamiento de morada, incluso coacciones… pero aquí no estamos desalojando a nadie de donde vive, y ante la justicia la pregunta fundamental sería ¿cuál es en este caso el bien jurídico a proteger? ¿la propiedad privada o un negocio ilegal practicado con engaños?”.

El abogado abre su carpeta y muestra el contrato de alquiler de la vivienda, los burofaxs remitidos a la arrendataria para comunicarle que dan por resuelto el contrato, la queja que Jern presentó en el Ayuntamiento para informar de la situación, la carta que le envió el Ayuntamiento para decirle que los inspectores encontraron varios turistas en la vivienda que les dijeron que la habían alquilado por Airbnb, la posterior notificación municipal que le ordena como propietario a que deje de emplear su vivienda como un apartamento turístico…

“Nosotros denunciamos al Ayuntamiento lo que está ocurriendo y el Ayuntamiento nos trata como los responsables ¡podrían ponernos una multa de 60.000 euros! la sensación de indefensión es grande”.

Al caer la tarde un abogado que telefonea a Rodríguez se muestra un tanto agresivo. A los pocos minutos, cuando Guaglianone le llama, adopta un tono mucho más conciliador. Luego un amigo de la pareja pasa la noche en el apartamento.








Fuente: LA Vanguardia

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