“Ahora no hay cloacas del Estado”. Así de rotundo se ha pronunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los casos del excomisario José Manuel Villarejo. El responsable gubernamental se ha resistido a confesar que hubo un tiempo en que existieron esas ‘cloacas’ dando la vuelta al calcetín y asegurando que “hace tiempo que estamos en un Estado de derecho”, y ha tratado de minimizar el protagonismo del polémico expolicía.

En declaraciones a RAC1, Marlaska ha explicado que la eliminación de cualquier atisbo de lo que ha venido a llamarse ‘cloacas del Estado’ ha sido “una de las preocupaciones máximas del equipo de Interior que dirijo”, una situación que se evidenció en la anterior etapa de gobierno del PP y en la que Villarejo tuvo un protagonismo explícito que se ha ido destapando en casos como la Gürtel, el caso Gao Ping o la operación Catalunya.






Acabar con las cloacas del Estado ha sido “una de las preocupaciones máximas del equipo de Interior que dirijo”

Ahora, el ministro del Gobierno socialista asegura que ya no hay rastro de esas prácticas ilegales. “Es una línea roja cualquier actuación que no se ajuste a la legalidad”, ha asegurado el ministro, y “no he tenido que sacar mucho el aspirador”, ha asegurado de manera gráfica. Con Villarejo en prisión acusado de delitos graves, el dirigente es reacio a comentar sus actitudes porque “es un sujeto del que ya estamos hablando demasiado” y “no puede contaminar el trabajo de los profesionales” del ministerio, ha opinado.

Marlaska se ha resistido a admitir que no hace tanto que esas cloacas existieron, hasta que al final ha admitido que “las hubo por lo que se ve de las conversaciones que hemos escuchado, por lo que se dice y se expone”, pero ha insistido en que si las ha habido ha sido “excepcionalmente”. Incluso cuando se le ha recordado que estas cloacas no fue sólo en época de gobierno del PP, sino también del PSOE, con casos como el de los Gal y Barrionuevo y Vera, el dirigente ha querido minimizar el impacto destacando que esto demuestra que “ya hace tiempo que estamos en Estado de derecho”.






“No he tenido que sacar mucho el aspirador”

Sobre el juicio del 1-O, Marlaska se ha resistido a hablar de cargas policiales como concepto, de las que ha defendido que generalmente son “proporcionales y necesarias para mantener el orden público”, por lo que prefiere hablar de “concretas actuaciones policiales” porque “ese concepto de carga ya lleva inmersa la no proporcionalidad”, la actuación no adecuada o desproporcionada.

El ministro se ha negado a opinar si para él hubo o no rebelión o sedición, y ni siquiera ha querido considerar si hubo o no violencia policial. Esa labor la deja para el Tribunal Supremo, que es donde se materializa la prueba y si bien “puedo haber visto dos imágenes de televisión, puede ser muy fragmentario y puede distorsionar la visión” general de lo ocurrido.


“Yo no sé cómo llevaba el ministerio Zoido, pero si sé cómo lo llevo yo y yo asumo la coordinación y cualquier actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”

Ahora bien, Marlaska ha marcado distancia con respecto al exministro Juan Ignacio Zoido y sus declaraciones ante el tribunal en las que se lavó las manos sobre el dispositivo policial del 1-O. “Yo no sé cómo llevaba el ministerio él, pero si sé cómo lo llevo yo y yo asumo la coordinación y cualquier actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, ha asegurado. Incluso lo ha incluido entre sus obligaciones: “Yo debo asumir la conducta de cualquier miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.





El ministro también ha hablado de la prisión preventiva y de la acusación popular. De la primera ha dicho que no ve motivo para revisarla, no así de la segunda, en la que ve una imperiosa necesidad. La prisión preventiva “tiene que ser necesaria, proporcional y adecuada a un parámetro concreto, que no se va a obstruir la acción de la justicia y no se pueden aplicar medidas menos gravosas”. Por lo tanto, la medida no es el problema, sino “la aplicación de esta medida en esos términos”

En cambio, la acusación popular es “una anomalía del sistema”, como ya ha denunciado alguna vez. Para el ministro, es necesario reflexionar sobre quién la puede ejercer y mirar que obedezca a algo muy claro, a la tutela judicial efectiva”, en lugar de a una “instrumentalización”.








Fuente: LA Vanguardia

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