Los vecinos del número 4 de la calle Juan Gris de Torrejón de Ardoz se han unido para paralizar los desahucios que penden sobre sus cabezas. Atrincherados, dispuestos a dar la batalla a los propietarios que los quieren expulsar, los inquilinos siguen un manual de resistencia.

Declararse como un bloque en lucha significa que, a partir de ahora, cuando finalicen sus contratos de alquiler, no firmarán las subidas abusivas que les impone el fondo de inversión, pero tampoco se marcharán de sus viviendas. 80 familias se han quedado viviendo desde este lunes sin contrato en sus pisos, que son propiedad del fondo Fidere. Los afectados denuncian la subida “abusiva” de sus alquileres por parte de esta filial española que pertenece al fondo Blackstone. “Yo empecé pagando 426 euros por 55 metros cuadrados y ahora me piden 860 euros y que nosotros nos hagamos cargo del IBI”, cuenta Marco Trillo, de 34 años, uno de los inquilinos afectados.

El bloque fue construido en 2009 para destinarlo a viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid, durante el Gobierno de Ignacio González. Su venta a los fondos de inversión en 2014 llegó a los tribunales, un conflicto que todavía está pendiente de resolverse. El bloque se vendió a BNP Paribas en 2014 y lo adquirió en 2015 el fondo Blackstone.

“No nos vamos a marchar, pero tampoco vamos a firmar esta subida tan abusiva, nos vamos a quedar porque es lo único que podemos hacer”, señala Trillo que vive en su piso con su mujer y su hijo.

Desde el Sindicato de Inquilinos de Torrejón afirman que están muy unidos. “No somos morosos ni okupas”, dicen. La intención de los arrendatarios es continuar abonando sus antiguas cuotas de alquiler a Fidere a través de su cuenta bancaria o depositarla en el juzgado.

La urbanización se ha vestido para la ocasión o, al menos, sus paredes. Desde sus balcones cuelgan pancartas que dicen: “Nos quedamos”, “Stop abusos” y “Fidere nos roba”. En este bloque hay 200 viviendas, pero en Torrejón hay otras seis urbanizaciones más que son propiedad de Fidere, eso significa que hay unas 1.000 viviendas con inquilinos en una situación similar.

“Se escudan en que van a subir el alquiler al precio del mercado, pero ellos tienen el 90% de los alquileres de la zona. El particular que quiera alquilar una casa en el barrio se va a regir por sus precios”, señala. Unas 40 familias se han marchado ya de la urbanización o han accedido a firmar los nuevos contratos bajo muchas presiones, según comenta Trillo.

Vecinos de diferentes bloques de Vallecas, Carabanchel o Tres Cantos, propiedad también de Blackstone, se han unido a la campaña Bloques en Lucha del Sindicato de Inquilinos de Madrid, recuerda el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Centro, Javier Gil. “Están presionando para que Fidere se siente a negociar”, comenta Gil.

Trillo, al igual que el resto de los inquilinos, se enteró de esta subida por medio de un burofax que le llegó hace dos meses a su casa. “Me decían que si aceptaba las nuevas condiciones, que firmara el nuevo contrato y que si no estaba de acuerdo que entregara las llaves”, recuerda. Trillo llegó a la urbanización hace cuatro años. Al ser padre divorciado dice que no tenía muchas más opciones y buscaba un alquiler asequible.

“Están desobedeciendo una ley, pero una ley injusta, como es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que permite a Blackstone subir un 100% el precio del alquiler de estas viviendas”, señala Gil.

La historia de estas 80 familias es un problema más de los que ha generado el trasvase de promociones de vivienda protegida a fondos de inversión en la Comunidad de Madrid en los últimos años, que ha dejado a miles de familias en la calle.

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Fuente: El Pais

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