La exempleada de El Cobrador del Frac, Amelia J. C., robó una memoria electrónica en la que había imágenes sexuales del dueño de la empresa, Luis Navarro, junto con otras trabajadoras. Aprovechó ese contenido para exigirle dinero a cambio de difundirlas. Así lo ha determinado la Sección 2ª de la Audiencia Provincial que la ha condenado a dos años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 2.250 euros.

Los jueces la consideran culpable de los delitos de amenazas y de descubrimiento de secretos, pero la absuelven de la acusación de revelación de secretos. En su opinión, no ha quedado acreditado en el juicio que fuera ella la que vendió esas imágenes a la revista Interviú ni al programa Espejo público de Antena 3. Contra la sentencia, cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

La sentencia da por probado que Amelia J. C. se aprovechó de que tenía las claves de la caja fuerte de la empresa para robar la memoria electrónica. Esta contenía imágenes tomadas en la fiesta del 62 cumpleaños de Luis Navarro “en las que aparecían desnudas y en actitud cariñosa, besándole y haciendo bromas” otras cuatro mujeres. Los jueces mantienen que, desde que se apoderó de la memoria, la condenada “empezó a exigir dinero a Luis, a cambio de no difundir el vídeo”. Eso le permitió obtener diversas cantidades de dinero (hasta 30.000 euros en alguna ocasión) “a causa de su insistente presión”, reza la sentencia.

Problemas económicos

El ponente de la sentencia, el magistrado Eduardo de Urbano Castrillo, mantiene que existen suficientes indicios para condenarla por el robo de la memoria: Amelia pasaba en aquella época por problemas económicos, tenía la contraseña de la caja fuerte, exigió dinero al dueño de la empresa e incluso entregó la memoria a la policía cuando se presentó una denuncia por violación. Los jueces reconocen que la culpable se apoderó de imágenes muy sensibles, cuya revelación podría causar graves perjuicios a las personas que aparecían en ellas. “Afectaban a la intimidad de los partícipes que no eran públicamente conocidos y que podían afectar a su fama, crédito o interés, incluyendo los daños reputacionales a la empresa”, añade el fallo.

Los jueces de la Audiencia Provincial rechazan aplicar la atenuante de dilaciones indebida, ya que el caso ha tardado tres años y nueve meses en instruir y celebrarse el juicio.

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Fuente: El Pais

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